Andando por cualquier gran
ciudad, dando un paseo por las calles del casco viejo, cruzando los parques
verdes llenos de vida, uno no es consciente de que cientos de ojos, casi
mimetizados por las alturas y las esquinas, nos observan y guardan cada uno de
nuestros pasos. No se trata de que la gente en general, sea cotilla, ni de que
ese día uno lleve unas pintas de risa, sino de que decenas de cámaras de
seguridad, repartidas por varios puntos estratégicos, están grabando nuestros
movimientos y podrían utilizarlo si fuera necesario en cualquier proceso
judicial.
¿De veras nunca te has parado en
seco en mitad de una calle al descubrir por sorpresa una cámara de seguridad en
lo alto de tu cabeza? ¿Acaso no tiene la
DGT cámaras de seguridad vial por nuestras calles, túneles y
carreteras, al acecho de desprevenidos y desafortunados a los que sancionar con
multas o simplemente, grabando la situación del tráfico o las matrículas de los
vehículos? ¿Acaso los bancos, hoteles, farmacias, edificios públicos,
privados…no nos guardan en sus memorias videográficas? ¿Y qué me dicen de los
transportes públicos como el metro y el autobús? Pues en las calles de la
ciudad, en la llamada ‘vía pública’ ocurre lo mismo. Con el pretexto de que es
por la seguridad ciudadana, cada día estamos más controlados por las fuerzas
gubernamentales y lo que es peor, más desprotegidos en cuanto a la violación de
nuestros derechos y libertades, empezando por la intimidad. Hay quienes alegan,
con evidencias, que las grabaciones reducen y frenan los actos delictivos, pero
también es innegable que dejan la vida del ciudadano al servicio de poderes
estatales legítimos y, probablemente, a otros desconocidos.
Hace pocos años hubo un gran
debate en Madrid sobre si se debían instalar o no cámaras de videovigilancia en
calles del centro tan conflictivas y transcurridas como Montera. Se acusaba un
alto índice de robos, prostitución y delincuencia en general y los primeros en
tomar cartas en el asunto fueron los propios vecinos que llevaban años
denunciando la situación. Algunos instalaron cámaras de vigilancia en sus
balcones, aún a riesgo de ser denunciados por los viandantes o incluso
agredidos por los que actuaban debajo de sus casas. Actualmente, la calle
Montera ya no es lo que era. Con unas jóvenes instalaciones de la policía
municipal a pleno funcionamiento y varias cámaras grabando en directo, los
transeúntes se sienten más protegidos y la delincuencia ha bajado
considerablemente. Lo mismo ha sucedido en calles como la Ballesta, en sus
adyacentes, en la Plaza
Mayor y al rededores, en la plaza de María Soledad Torres Acosta, en el Museo
Al Aire Libre de la
Castellana, en el Barrio de Lavapiés, La
Latina-Embajadores…por mencionar los principales puntos unidos por la red
corporativa de seguridad instalada por el Ayuntamiento de Madrid, con el fin de
centralizar las imágenes captadas y facilitar su difusión a distintas
instalaciones y dispositivos móviles, reducir el tiempo de intervención
policial si se diera cualquier incidencia, etc.
Para aquellos que no lo sepan, en
la página web del ayuntamiento de la capital, se informa de los dispositivos de
videovigilancia existentes, de su funcionamiento, ubicación y objetivos. Al
igual que en varios pdf´s que circulan por la red. Es interesante constatar los
puntos exactos de la Plaza Mayor que nos vigilan en navidades
cuando hacemos la tradicional visita a los
puestos de adornos, belenes y de más cachivaches festivos.
Centrándonos en la seguridad de
los transportes públicos, encontramos datos positivos de los usuarios de Metro
de Madrid, para quienes según un informe emitido en marzo de este año, las
instalaciones resultan seguras y protegidas. Parece que han funcionado las
4.800 cámaras repartidas entre las estaciones y las 3.300 de los vagones.
Igualmente hay colocados decenas de dispositivos de grabación en trenes de
cercanías, líneas de autobuses y estaciones tan recorridas como Atocha o
Chamartín.
Importante conocer la ley
vigente, ya se sabe que la ciencia del Derecho es imprescindible para que no
nos den “gato por liebre”. Por ello debemos saber que según el artículo 5 de La Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, los responsables que tengan instalada videovigilancia
tienen que avisar de ello a través de al menos un distintivo informativo, que
sea visible y si fuera necesario, disponer de información impresa sobre la
norma, lista para repartir entre los interesados. Aún así, no siempre se
informa a los transeúntes de que están siendo filmados, por lo que se incumple
la ley y se faltan derechos y libertades.
¿Pero cuántas cámaras de
vigilancia hay actualmente en Madrid? La cifra exacta, se supone, no se conoce.
Al menos eso es lo que aseguran desde el Ayuntamiento madrileño, el cual debería
poseer un organismo propio de control, que se ocupara de analizar y centralizar
todos los dispositivos de vigilancia existentes. Al fin y al cabo, es más
cómodo y efectivo para todo poder, no difundir ciertas informaciones ya que
quizás tendría que dar demasiadas explicaciones y no podría investigar y actuar
a su antojo, a fin de controlar la sociedad. Todo sea por la “seguridad
ciudadana”.
